En ese proceso, el Ayuntamiento mantuvo reuniones tanto con EH Bildu, grupo que planteó la incorporación del APR durante la tramitación de la Ordenanza, como con los principales colectivos afectados, entre ellos representantes del comercio, la hostelería, asociaciones empresariales y gremios profesionales. Las aportaciones recibidas, unidas a las dudas trasladadas por los propios servicios técnicos municipales, llevaron al Departamento a solicitar un informe específico que analizara la conveniencia o no de implantar esta medida.

El documento analiza la implantación del APR desde distintos ámbitos: técnico, operativo, social, económico y jurídico.

En primer lugar, el informe advierte de que el APR regularía el mismo espacio que ya regula la ZBE, obligando a convivir con dos regímenes distintos de acceso, con autorizaciones, excepciones y procedimientos distintos. Esta duplicidad incrementaría notablemente la carga administrativa y dificultaría la comprensión del sistema por parte de la ciudadanía.

El informe también advierte de la complejidad que supondría adaptar los sistemas de control y gestión de la ZBE para incorporar un segundo régimen de acceso, multiplicando las casuísticas, las autorizaciones, la atención ciudadana y la resolución de incidencias. La experiencia acumulada durante el primer año de funcionamiento de la ZBE demuestra, además, que la ciudadanía ya ha necesitado un importante esfuerzo de información para comprender el funcionamiento del sistema actual.

Uno de los aspectos centrales del informe es el análisis de la eficacia real de la medida. Los técnicos consideran que el APR aportaría una mejora muy limitada para los residentes, ya que el tráfico de paso se ha reducido de forma muy significativa tras las actuaciones realizadas en Los Herrán, Portal del Rey y Nueva Fuera y la implantación de la propia Zona de Bajas Emisiones.

El documento incorpora igualmente las aportaciones realizadas por comerciantes, hosteleros, asociaciones empresariales y profesionales, que alertan de que el APR dificultaría la actividad económica, el abastecimiento, la prestación de servicios y el acceso de clientes, además de incrementar las cargas administrativas para empresas y autónomos.

Por último, el informe analiza la medida desde los principios de buena regulación y concluye que la implantación del APR no supera, en este momento, los criterios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, al no acreditarse beneficios suficientes que justifiquen las nuevas restricciones y los costes administrativos que implicaría.

Como consecuencia de esta decisión, el Departamento de Espacio Público y Barrios iniciará el procedimiento para revisar la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones con el objetivo de adecuar su contenido a la realidad actual  y adaptar el texto a las conclusiones del informe técnico.