La Junta de Gobierno Local aprobará este viernes el proyecto de modificación de la Ordenanza reguladora del servicio de taxi de Vitoria-Gasteiz, una actualización de la normativa vigente desde 2017 con la que el Ayuntamiento quiere adaptar el servicio a los cambios sociales y tecnológicos de los últimos años y responder mejor tanto a las necesidades de las personas usuarias como a las del propio sector.
Una de las principales novedades para las personas usuarias será la posibilidad de solicitar un taxi a través de una aplicación móvil. La ordenanza establece que este nuevo sistema deberá estar en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2027 y será impulsado por las asociaciones y agrupaciones profesionales del sector, con la colaboración del Ayuntamiento.
La nueva regulación garantiza además la posibilidad de pagar con tarjeta. Todos los vehículos deberán disponer de TPV o datáfono operativo mientras estén prestando servicio. La ordenanza refuerza asimismo las garantías para las personas usuarias y mantiene la obligación de que, al menos, el 5% de las licencias correspondan a vehículos adaptados. Si ese porcentaje no se alcanza de forma voluntaria, el Ayuntamiento podrá requerir la adaptación de vehículos hasta garantizar ese mínimo. Vitoria-Gasteiz supera actualmente ampliamente ese mínimo, ya que cuenta con 22 taxis adaptados de las 194 licencias existentes, lo que supone más del 11 % del total.
Más flexibilidad para el sector
La actualización de la ordenanza incorpora también cambios dirigidos a adaptar la regulación a las circunstancias personales y profesionales de quienes trabajan en el taxi. Entre ellos figura una nueva regulación del cese excepcional de actividad. En determinados supuestos, como la jubilación de la persona titular o una imposibilidad permanente para ejercer la profesión, se establece un periodo de hasta cuatro años para poder transmitir la licencia, evitando su revocación inmediata.
Otra de las novedades es la creación de la figura de la excedencia, especialmente vinculada a la conciliación. Podrán acogerse a ella las personas titulares que necesiten atender a menores o personas dependientes, así como quienes pasen a desempeñar determinados cargos públicos, sindicales, profesionales o de gerencia en agrupaciones profesionales del sector.