Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada este miércoles de la vivienda en la que había residido durante siete décadas, en la calle Alcalde Sáinz de Baranda de Madrid. La comisión judicial ejecutó el lanzamiento después de varios intentos anteriores y la mujer tuvo que abandonar el inmueble en camilla, asistida por sanitarios del Samur. Posteriormente fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón.
El caso ha provocado un cruce de responsabilidades entre las distintas administraciones y ha situado de nuevo el problema de los desahucios de personas vulnerables en el centro del debate político. El Gobierno central sostiene que intervino para intentar encontrar una solución, mientras que sus socios parlamentarios consideran que la falta de aprobación de nuevas medidas de protección ha contribuido a que casos como el de Maricarmen sigan produciéndose. Al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento defienden que también han ofrecido alternativas dentro de sus competencias.
El Gobierno asegura que intentó negociar con la propiedad
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, afirmó este miércoles que su departamento había contactado con la empresa propietaria, Urbagestión, para intentar alcanzar un acuerdo que permitiera a Maricarmen permanecer en su casa. Según explicó, el Ministerio trató de buscar una fórmula que compensara la diferencia entre la renta que abonaba la inquilina y las cantidades reclamadas por la propiedad. Pese a ello, el gobierno central autorizo el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional contra los manifestantes que intentaron impedir el trágico desahucio.
La Delegación del Gobierno, por su parte, se desmarcó del dispositivo policial desplegado durante el lanzamiento que si autorizo y recordó que la Policía Nacional “actuaba en cumplimiento del mandato de la comisión judicial encargada de ejecutar el desahucio” al tiempo que querían quitarse culpa de la situación.
La moratoria antidesahucios, en el centro de las críticas
La actuación del Ejecutivo sí está siendo cuestionada por sus propios socios parlamentarios. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reclamó al PSOE que acelere la aprobación del decreto de vivienda que incluye una prórroga de los alquileres y una moratoria antidesahucios. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, recordó que el Congreso ha rechazado en tres ocasiones propuestas para establecer una moratoria y reclamó que se apruebe una nueva regulación.
El debate plantea así una cuestión distinta de la responsabilidad directa sobre el desalojo: qué medidas legislativas y de protección social debería haber adoptado el Estado para evitar que una persona en una situación de vulnerabilidad pueda acabar perdiendo su vivienda.
El decreto de vivienda que el Ejecutivo pretendía aprobar antes del verano no llegó finalmente al Consejo de Ministros. Según las informaciones publicadas, las diferencias entre los socios parlamentarios y la falta de apoyos suficientes en el Congreso llevaron al Gobierno a retrasar su tramitación.
Comunidad y Ayuntamiento también afrontan críticas
La responsabilidad institucional no se limita al Ejecutivo central. La vivienda es una competencia en la que intervienen diferentes niveles de la Administración, y el caso de Maricarmen ha generado también reproches hacia la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.
Desde el Ayuntamiento, se sostiene que los servicios sociales emitieron un informe sobre la situación de Maricarmen y que se pusieron a su disposición distintos recursos de alojamiento.
Entre las alternativas planteadas figuraba una plaza residencial, una opción que la afectada rechazó y que, según el Sindicato de Inquilinas, no se ajustaba a sus necesidades ni a su capacidad económica.
Una vivienda con siete décadas de historia
Maricarmen llevaba alrededor de 70 años viviendo en el inmueble. El contrato de alquiler había sido firmado inicialmente por su padre en 1956 y posteriormente se había producido la subrogación a su madre y, finalmente, a ella.
La mujer tiene reconocida una discapacidad del 50% y, según su representación legal y el Sindicato de Inquilinas, había continuado pagando la renta. El conflicto se agravó después de que el edificio pasara a manos de Urbagestión en 2018. La propiedad planteó un incremento sustancial de la renta y comenzaron los procedimientos judiciales que terminaron desembocando en los intentos de desahucio.
La defensa de Maricarmen trató hasta el último momento de conseguir un aplazamiento. Según su abogada, se plantearon razones humanitarias, una oferta económica de una donante anónima y la coordinación entre administraciones para buscar una alternativa. La propiedad rechazó las propuestas y el lanzamiento terminó ejecutándose.
El caso deja, por tanto, una cuestión abierta que va más allá del desalojo concreto: hasta dónde debe llegar la protección de las administraciones cuando una persona de edad avanzada y en situación de vulnerabilidad se enfrenta a la pérdida de su vivienda, y qué responsabilidad corresponde a cada nivel institucional para evitarlo.
Mientras el Gobierno central reclama nuevas medidas legislativas, la Comunidad y el Ayuntamiento defienden las actuaciones realizadas dentro de sus competencias y los movimientos sociales exigen soluciones que permitan evitar nuevos casos similares. El desahucio de Maricarmen se convierte así en el último episodio de un conflicto en el que las responsabilidades políticas, sociales y jurídicas aparecen estrechamente entrelazadas.
Finalmente esta situación nos deja una interrogación… ¿Quién responderá ante esta injusticia?